Hace muchos años, allá por el siglo XX, se desató en Euskadi la llamada “guerra de las banderas”. La normativa obligaba a los ayuntamientos –también lo hace hoy— a que la bandera española ondee en lugar preferente durante las festividades locales.

Los ayuntamientos, la mayoría gobernados por el PNV, no tuvieron más remedio que acatar la norma. La izquierda abertzale, por entonces, criticó con dureza a los alcaldes que lo hicieron. Las decisiones de los regidores jeltzales provocaron algaradas callejeras que, en más de una ocasión, derivaron en enfrentamientos graves con la Ertzaintza. Nunca olvidaré los episodios de violencia recurrente en la Semana Grande de Bilbao durante años. De ahí la expresión “guerra de las banderas” para referirse a aquella secuencia de actos violentos.

La “guerra de las banderas” terminó hace años. Su final no se produjo por un cambio en las leyes, sino porque la izquierda abertzale alcanzó el poder municipal en un buen puñado de localidades. El tabú se disolvió entonces como un azucarillo en un vaso de agua. 

Por alguna razón he recordado aquellos episodios al conocer que agentes de la policía municipal de dos ayuntamientos gobernados por EH Bildu han estado haciendo prácticas de tiro en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

Que la Academia Vasca de Policía sea la institución de referencia para la formación policial en Euskadi no parece haber sido motivo suficiente para que los agentes municipales de esos dos ayuntamientos hiciesen en ella sus prácticas.

El 14 de marzo de 2019 Jon Darpón, consejero de Salud del Gobierno Vasco presentó su dimisión por la crisis política que se produjo debido a unas presuntas irregularidades en la OPE de Osakidetza de 2016-2017. El lehendakari Íñigo Urkullu, muy a su pesar, aceptó su dimisión.

Se habían producido denuncias de que en algunas especialidades se había filtrado el contenido de los exámenes. La crisis ya había provocado la salida de altos cargos de Osakidetza, su directora general y el director de Recursos Humanos.

Jon Darpón no dimitió porque hubiese sido condenado ni porque hubiese quedado acreditada judicialmente su participación en las (presuntas) filtraciones. Lo hizo porque asumió las consecuencias políticas de una crisis que afectaba al departamento que dirigía.

Una semana después de su dimisión se iba a votar en el Parlamento Vasco una iniciativa de Elkarrekin Podemos que iba a ser apoyada por toda la oposición –que contaba con los 38 votos necesarios (EH Bildu, 18 escaños; Elkarrekin Podemos, 11 escaños; Partido Popular, 9 escaños) para reprobar al consejero— y pedir su cese.

EH Bildu mantuvo una actitud muy crítica con el consejero Darpón. No solo se adhirió a la reprobación, sino que exigió su cese.

El pasado 3 de noviembre de este año, en la comparecencia del ministro Oscar Puente ante la Diputación Permanente del Congreso, EH Bildu no pidió su dimisión. De hecho, junto con el PSOE, fue el único grupo que no lo hizo. Que no lo hiciese el grupo socialista era lo que cabía esperar.

EH Bildu pidió una investigación independiente para esclarecer las causas del accidente y una vez conocidas las conclusiones de esa investigación sería el momento de depurar responsabilidades (“caiga quien caiga”).

En ninguno de los dos casos, el de Osakidetza y el del accidente ferroviario, se ha demostrado judicialmente la responsabilidad personal de los responsables políticos afectados.

Causa perplejidad que en el caso de las presuntas filtraciones los hechos supuestos fuesen merecedores, a juicio de EH Bildu, de una dimisión o cese del consejero, mientras que en el del accidente del AVE, lo ocurrido no fuese merecedor del cese o dimisión del ministro.

Lo cierto –y asombroso— es que EH Bildu ha mantenido una posición más “puentista” que el propio Puente, quien llegase a afirmar en su comparecencia que “un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año”. Y también más “puentista” que el mismísimo Presidente del Gobierno; recordemos sus palabras: “Esto no es asumible para un país como España”.

Causa también estupor el contraste entre la gravedad de los hechos por los que EH Bildu ha exigido la dimisión del responsable político correspondiente y la de los hechos por los que no la ha exigido. De las filtraciones, de haberse producido (el caso está en espera de sentencia), se habría beneficiado, si acaso, una persona. Los dos accidentes han provocado 46 (Adamuz) y 69 (Urda) fallecimientos y centenares de heridos.

La política y la coherencia se avienen fatal, lo sé. Una coherencia a ultranza impide acuerdos entre diferentes y anula la evolución de las ideas y las políticas. Por eso no conviene sacralizarla. Todos somos, alguna vez y en cierta medida, incoherentes; eso no es necesariamente malo. Pero creo que hay límites.  

Esto que acabo de relatar, lo de las banderas, las prácticas de tiro y las responsabilidades de los cargos políticos, me ha hecho recordar una sentencia del filósofo trascendentalista estadounidense Ralph Waldo Emerson. Dice así:

A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen and philosophers and divines.

O sea:

Una tonta coherencia es el duendecillo de mentes pequeñas, adorado por pequeños políticos y filósofos y predicadores.

Diría que quienes dirigen los destinos de EH Bildu no se tienen por pequeños políticos, filósofos ni predicadores. Diría que no.