Este es un ejercicio de política ficción y como tal debe entenderse.

Dibuja un escenario posible, uno que no he visto en ninguna valoración postelectoral, aunque, lógicamente, uno no lee todo lo que se publica. Es, además, el escenario opuesto al que predije al comienzo de la campaña y que expliqué aquí el pasado 24 de julio. Anticipé el 9 de julio en twitter que las elecciones se repetirían antes de fin de año porque ninguno de los candidatos sería capaz de formar gobierno. Sigo pensando que esa es la opción más probable, pero me ha dado por pensar en escenarios alternativos. Este ejercicio valora uno de ellos.

Mis sentimientos van por otro lado, pero la valoración trata de ser racional; no sé si lo he conseguido.

El ejercicio parte de dos elementos. Uno son las palabras de Pedro Sánchez a la ejecutiva de su partido: “No habrá repetición electoral”. No dijo: “no deseo que haya repetición electoral”, ni “no creo que haya que repetir elecciones”; ni “haré lo que esté en mi mano para evitar nuevas elecciones”. Lo que dijo fue que no la habrá.

El otro elemento es el hecho de que las dos repeticiones electorales habidas en la última década en España se han saldado con peores resultados del bloque de izquierda y mejores del de derecha: 1,7 % de voto (5 escaños) más para el bloque de derecha y 1,2 % menos (6 escaños) para el de izquierda. En el balance, -2,9% (-11 escaños). Esto no tiene por qué implicar que en una eventual repetición próxima ocurriría lo mismo, claro, pero…

Esos dos elementos me llevan a pensar que Pedro Sánchez quizás tenga un plan B.

El plan A consiste en negociar con todos (o casi todos) los partidos que no son PP y Vox, y llegar a un acuerdo para que voten afirmativamente a su investidura. Se entiende que el apoyo de Sumar no plantea dificultades especiales dada la disposición manifestada por la sra. Díaz y la trayectoria de gobierno conjunto.

EH Bildu apoyará a Sánchez con total seguridad. Lo han expresado con claridad y, que yo sepa, no han formulado exigencia especial alguna. La posición de EAJ/PNV, sin embargo, es algo más difícil. Después de los incumplimientos de la última legislatura y la constatación de que una ley orgánica tan importante como el Estatuto de Autonomía sigue sin cumplirse en su totalidad, el Partido Nacionalista Vasco no ofrecerá sus votos a cambio de nada o de acuerdos etéreos (las declaraciones del señor Andueza tampoco ayudan). Es de esperar que exija que se salde el déficit estatutario y que plantee una relectura de la Constitución que permita recuperar –con garantía de cumplimiento mediante un sistema bilateral– la capacidad política perdida por Euskadi debido a diferentes circunstancias, muy especialmente a recortes competenciales por leyes orgánicas (y decretos que las desarrollaban) sancionados después por el TCE.

En Cataluña las cosas se complican aún más. La rivalidad entre las dos opciones independentistas hace muy difícil que cualquiera de ellas facilite la investidura. Las exigencias serán altas, tanto que, además de la Ley de Amnistía, llegarán a un nivel equivalente a la reforma constitucional, aunque para materializarlas no sería necesario que se produzca tal reforma. Como no sé nada de derecho constitucional, no abundaré más este argumento, pero creo que se entiende fácilmente que el escollo será muy grande. Nadie piense que la conveniencia o urgencia del momento va a llevar a los srs. Puigdemont o Junqueras a rebajar la altura del listón. Se juegan la hegemonía en el independentismo y, en las próximas autonómicas, la hegemonía en Cataluña. La primogenitura y el plato de lentejas.

Si el plan A tiene éxito, no hay nada más que hablar. Esta sería la hipótesis preferida por el candidato socialista y presidente en funciones. Pero insisto en que esta opción es muy improbable, porque exige que se cumplan, a la vez, varias condiciones muy difíciles. De no cumplirse esas condiciones, ¿convocaría elecciones de nuevo en otoño? Teniendo en cuenta los dos elementos de partida antes citados, he pensado en lo que sería un posible plan B.

El escenario que he imaginado parte de los elementos antedichos y del –a mi juicio– muy probable fracaso de las negociaciones para alcanzar un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

Consiste en ofrecer al PP su apoyo en la investidura a cambio de una serie de compromisos por parte de Feijóo que sirviesen para (1) evitar la entrada de Vox en el gobierno y, de esa forma, parar a la extrema derecha, (2) impedir el retroceso en materia legislativa en las normas aprobadas durante los mandatos de Pedro Sánchez, (3) introducir elementos de equilibrio en el sistema, (4) repartir el poder territorial de manera que contribuya a contrapesar el poder central, (5) abordar la resolución de algunos grandes retos que tiene planteada la sociedad española, (6) limitar la influencia de Isabel Díaz Ayuso y sus mesnadas, (7) atenuar la polarización política española, (8) contribuir a rebajar la crispación y conducir el debate político al contraste normal de argumentos y propuestas, (9) abordar, sin la presión que provocan la crispación y la polarización, una redefinición de la distribución del poder territorial y la estructura política del estado, y (10) lo que se le ocurra, querida lectora, querido lector.

El punto 1 no necesita explicación adicional.

En lo que se refiere al punto 2, aunque la gente piense que hay grandes diferencias entre ellos, la distancia real entre las políticas que han desarrollado los dos grandes partidos españoles es muy corta. Este es un fenómeno característico de sistemas democráticos, porque lo más normal es que los partidos traten de contentar a la gente y cuando algo es aceptado socialmente, no se suele reformar. No les voy a aburrir con ejemplos; hay bastantes. El más claro fue la negativa de Rajoy a aceptar la reforma de la ley del aborto que diseñó Ruiz Gallardón. Pero hay unos cuantos, insisto. Por ello, a Núñez Feijóo no le debería costar el asumir ese compromiso. No creo que para él los principios sean de un tamaño tal que impidan ese acuerdo.

El punto 3 es de pura lógica política. Si yo fuese Sánchez, exigiría que las decisiones judiciales de gran calado, las que condicionan el devenir del sistema político, no quedasen en manos del PP exclusivamente. Para ello, el CGPJ debería renovarse, de manera que se garantizase su neutralidad y la representación de las minorías. La razón de este último punto la daré más adelante. Quien dice el CGPJ, dice otras instituciones del estado que puedan determinar la orientación política del país.

También deberían sustituirse los acuerdos adoptados por el PP y Vox en las comunidades autónomas donde cogobiernan o tienen pactos de legislatura para reequilibrar el poder territorial y dar a la izquierda una mayor presencia institucional (punto 4). Vox debería salir de los gobiernos regionales por la misma razón que no debe entrar en el gobierno del estado.

Nos enfrentamos a retos de gran calado. Por ejemplo, no está claro cómo pagaremos las pensiones de la generación que nos empezaremos a jubilar dentro de tres o cuatro años. Por otro lado, y a la vez, se está produciendo una transferencia de rentas hacia los que nacimos antes de 1965 en perjuicio de quienes nacieron después de 1985 (estas fechas son aproximadas), lo que está teniendo un efecto demoledor sobre las expectativas de trabajo y de vida de las generaciones más jóvenes. De no remediarse a tiempo, asistiremos a un éxodo masivo hacia otros países de los jóvenes, sobre todo de los más cualificados, con lo que ello implica. Tenemos pendiente una transición energética y ambiental que exigirá grandes acuerdos y esfuerzos que no serán fácilmente entendidos por amplios sectores sociales. Estos que he puesto aquí son solo tres ejemplos. Podría seguir con una lista de retos más larga, pero con estos tres es suficiente. Lo que plantea el punto 5 es que estos retos son inabordables o difícilmente abordables sin acuerdos entre los dos grandes partidos.

Si Sánchez Castejón y Núñez Feijóo llegan a un acuerdo en términos como los aquí expuestos o similares, la dialéctica puesta en práctica por IDA, quedaría desactivada. La moderación es incompatible con ella (punto 6).

Los elementos anteriores traerían, de forma casi automática una atenuación de la polarización (punto 7) –basta con que sea la lógica y normal en un sistema democrático– y una reducción de la crispación (punto 8). Un gran acuerdo entre PP y PSOE eliminaría ruido, desactivaría ciertos tics muy dañinos, y limitaría el poder y la influencia de medios y comunicadores estrella de posiciones políticas extremas.

Uno de los problemas cuya resolución o, al menos, encauzamiento, debe abordarse es el de la estructura política del estado (punto 9). La crispación y polarización actuales impiden que esto se haga con el sosiego debido (de hecho, impiden que se haga), porque cualquier paso que se dé hacia la distensión y para avanzar en ese encauzamiento, se ve torpedeado por la parte que queda fuera, la que no está en el gobierno. Un acuerdo como este podría facilitar salvar ese obstáculo. Además, atrincherarse y renunciar a afrontar ese gran reto, no haría sino tensar las relaciones con la periferia e intensificar la presión independentista. A todos interesa plantear ese asunto con claridad y con amplitud de miras. De otra forma, antes o después, volverá a condicionar totalmente la vida política del país y hacerlo de la peor manera posible. Por eso, entre otras razones de peso (democrático), decía en el punto 3 que las minorías debían tener representación en el CGPJ.

No puedo ser exhaustivo, por lo que he dejado para el punto 10 razones que puedan esgrimirse y que no se me hayan ocurrido a mí.

No hay antecedentes de nada parecido a este escenario en España salvo, quizás, los Pactos de la Moncloa de 1977. Pero en Alemania se han hecho cosas parecidas y aunque parecía que la derecha iba a gobernar per saecula saeculorum, hoy están los socialdemócratas al frente del país. Aunque se suele invocar el temperamento de los españoles o su idiosincrasia para remarcar que cosas que son posibles en otros países no lo son aquí, esas aseveraciones me parecen ridículas.

Termino ya. Este que acabo de describir es un escenario posible. No sé hasta qué punto es probable. Creo que, racionalmente, tiene fundamento. Pero reconozco que sentimentalmente es muy difícil de llevar a la práctica, y en política los sentimientos juegan un papel preponderante. Ya he dicho antes que no hay tanta distancia entre las políticas reales de los grandes partidos, por lo que las consecuencias prácticas de que gobierne uno u otro –aunque puedan ser importantes– no son dramáticas. El obstáculo principal es la oposición de la tribu, los sentimientos de agravio, de rechazo a la otra tribu.

Por eso, me ha dado por pensar si no será este el plan de B de Pedro Sánchez. Lo que le permitiría cumplir su palabra de que “no habrá repetición electoral”. Supongamos que Núñez Feijóo no lo acepta. Su posición quedaría muy debilitada; Pedro Sánchez habría hecho mucho más de lo que nadie hubiese podido esperar para evitar las elecciones anticipadas, de manera que podría presentarse como un estadista inteligente, valiente y generoso. Y podría ganarlas.