En EE. UU. se aprobó un presupuesto cuya principal diferencia con los anteriores es la reducción de impuestos a las clases medias y altas. Se eliminan departamentos enteros y puestos de trabajo en la administración. Se reducen programas públicos de salud. Se eliminan o reducen las ayudas para que la gente sin recursos o muy pobre pueda comer.

Estas y otras muchas medidas muestran una profunda aversión a lo público.

El presidente y sus secuaces despotrican de lo que denominan Deep State, una supuesta trama infra-gubernamental formada por una pléyade de burócratas instalados en las tripas de la administración que ejercerían su influencia sobre la maquinaria del estado para mantenerla bajo control. Un Leviatán de nuestra época. Dicen pretender acabar con ese estado de cosas.

Sus ideólogos, como Curtis Yarvin, abogan sin ambages por acabar con la democracia. Con el argumento de que la burocracia –generada, supuestamente, por ese “Estado profundo” del que habla Trump— debe ser desmantelada de raíz, debería instaurarse, según ellos, una especie de monarquía en la persona de un CEO. En otras palabras, un dictador.

Elon Musk, uno de sus soportes más firmes durante la campaña electoral, hizo uso durante unos meses de una entidad, el Departamento de Eficiencia Gubernamental –DOGE por sus siglas en inglés—, para desmantelar secciones enteras de la administración y despedir a miles de servidores públicos.

Musk es el más exitoso representante de ese grupo de magnates de internet con negocios que crecen de forma desbocada, como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, y otros. Se proponen eliminar cuantas barreras legales y administrativas se opongan al despliegue de sus negocios de redes sociales, comercio por internet, inteligencia artificial y demás. De ese modo, además de hacerse mucho más ricos de lo que ya son, podrán ejercer una influencia determinante en el mundo, acorde con sus designios.

El inversor Peter Thiel es uno de los referentes del vicepresidente de los EE. UU., J. D. Vance, y el principal apoyo de Curtis Yarvin, al que me he referido antes, además de varios activistas de extrema derecha en la blogosfera. Thiel es libertario; sostiene que la democracia es incompatible con la libertad, en una línea que podemos también identificar en las soflamas de Curtis Yarvin.

Quieren desmantelar el estado en sus funciones reguladoras, protectoras y asistenciales. No en todas. El estado que quieren mantener, aunque digan amar la libertad, es el represor. El otro les sobra, porque cobra impuestos, regula y pone límites. Las iniciativas del presidente de los EE. UU. –detenciones masivas para expulsar inmigrantes, despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles o en Washington DC, y otras en esa misma línea— son buena muestra de ello. El avance de la extrema derecha en los países de la Unión Europea forma parte del mismo fenómeno: líderes fuertes, autoritarios, que no dudan en hacer uso de la represión y que, en general, socavan lo público. Javier Milei hace de aprendiz de brujo en la Argentina. Él es la avanzadilla.

El enemigo es el estado protector, el estado regulador, el estado asistencial. En definitiva, el enemigo es lo público.

El vendaval sopla en todo Occidente. Impulsado por una economía renqueante o, directamente, mala –baja competitividad, baja productividad, economías menguantes, exceso de deuda, expectativas económicas frustradas, juventud sin trabajos dignos o con salarios penosos, crisis habitacional—, el vendaval impulsa a la extrema derecha sin que esta tenga que esforzarse para “vender” su ideario.

En España la macroeconomía no va mal, pero a la mayor parte de la gente no le llegan los frutos del crecimiento; a los jóvenes, menos aún. Además, la polarización extrema y el cainismo que se han instalado en la arena política alimentan aún más el cuestionamiento de lo público. Los desastres ambientales se utilizan para denunciar que el sistema –en especial el sistema autonómico— no funciona y para exigir su reforma o su supresión, incluso.

Y, por si lo anterior fuera poco, la secuencia aparentemente interminable de escándalos de corrupción deslegitima aún más el sistema político. Que VOX sea la opción preferida por la juventud española, con casi un 30 % de apoyo –muy superior el de ellos que el de ellas, esto también hay que decirlo— frente al 15 % del PSOE o el 11 % del PP, es consecuencia, en gran medida, de este clima.

Las fuerzas que se valen de las fallas del sistema democrático para atacar al estado en sus funciones de regulador, protector, asistencial, redistribuidor, pretenden sustituirlo por agentes particulares, salvo, por ahora, para ejercer la función represiva. Necesitan, para ello, atacar lo público. Es a esto a lo que ahora toca hacer frente.

Y, por si lo anterior no fuese suficiente, a esas fuerzas les ha salido un aliado.

Es posible que esta noción no sea más que la percepción de un señor mayor con la tendencia que a las personas mayores se nos supone de añorar los viejos, buenos, tiempos. Es posible. Pero veamos a qué me refiero.

Tengo la impresión de que nunca se había cuestionado tanto como ahora –sobre todo, pero no solo, entre la gente joven— la conveniencia de pagar impuestos. Personajes públicos elevados a las alturas de la fama de las redes sociales se instalan en Andorra o en otro paraíso fiscal, declaran que lo hacen para no pagar impuestos, y resulta que cuentan con la aprobación entusiasta de quienes les siguen. Las bajadas de impuestos tienen buena prensa. La tienen mejor, incluso, si esas bajadas se aplican a nuestro nivel de renta.

En el otro lado del espejo, no hay servicio público que no genere quejas entre quienes los utilizan. Eso, por un lado. Por el otro, no dejan de tener una acogida excelente las propuestas de nuevos derechos. El último de estos es el de disfrutar de mayor tiempo libre. Que no digo yo que tener más tiempo libre no sea deseable. Pero de que sea deseable a que se convierta en derecho, va un mundo. Creo yo.

Las empresas demandan, a la vez (aunque no necesariamente las mismas), pagar menos impuestos y recibir más subvenciones, sobre todo cuando las cosas se ponen feas. Y la gente exige, también a la vez, pagar menos impuestos –o, para el caso, que los paguen otros—y recibir más y mejores prestaciones. Queremos que los mayores disfrutemos de mayores pensiones de jubilación al retirarnos y, a la vez, que los jóvenes ganen más y tengan más oportunidades.

Si miramos a los grandes países europeos, veremos algunas consecuencias de estas actitudes: el Reino Unido en declive continuo; Alemania anunciando mucho dolor para recuperar la competitividad perdida; Francia, con una deuda y déficit desbocados, al borde del precipicio, porque nadie quiere pagar los platos rotos; Italia, con una deuda tan grande como la francesa, de momento calla (allí, recordemos, gobierna la extrema derecha).

Estas actitudes ganan popularidad, hasta llegar a condicionar decisiones de política tributaria y de políticas sociales –y políticas públicas en general—, que son difícilmente compatibles. O que, para hacerlas compatibles, trasladan, vía endeudamiento, a las generaciones futuras el pago de la factura. Estas son, también, actitudes contra lo público. Alimentan el populismo y dan la razón, en la práctica, a quienes enarbolan la bandera de la insumisión fiscal.

El aliado al que me refería es el individualismo.

Interpreto todo esto como una variante contemporánea de la tragedia de los bienes comunes. En este caso, cada uno de nosotros pretende beneficiarse en la mayor medida posible de los bienes públicos sin contribuir de buen grado a mantener un volumen de recursos suficiente de carácter común.

Si todos tuviésemos claro que los bienes comunes son muy importantes, que deben mantenerse con el esfuerzo colectivo y que no deben utilizarse en beneficio de uno mismo preferentemente, los vientos que soplan sobre Occidente y que amenazan con terminar o socavar seriamente lo público, amainarían. Ellos no podrían más que nosotros. Pueden porque les dejamos que puedan. Pueden porque, con nuestras actitudes, les damos la razón.