Hasta la dictadura de Franco, el ministerio que ahora es de educación, era de instrucción pública. Sospecho que el Caudillo le cambió el nombre con la intención de reflejar un cambio en su orientación. No se trataba ya de instruir, sino de educar. Y educar, en el vocabulario de los regímenes totalitarios, tiene, además de la componente de enseñar, esa otra orientada a conformar conciencias, condicionar el comportamiento, ahormar el pensamiento, en definitiva, adoctrinar. La transición no recuperó el nombre republicano; mantuvo el franquista. Dudo que fuera casual.

Los debates educativos de las últimas décadas han tenido que ver, sobre todo, con cuestiones de orden doctrinal y con los valores que unos u otros han pretendido promover a través de la enseñanza reglada. Las nuevas leyes han provocado, casi siempre, gran controversia en esos terrenos. Pero la intervención del poder en la escuela no se ha limitado a los cambios de modelo. Otras medidas, dependiendo de la ocasión y los intereses del momento, también estaban motivadas por esas consideraciones; pero eso sí, el “revuelo” que levantaban sólo dependía de la medida en que unos y otros se identificaban con sus propósitos. Formar en el espíritu nacional, inculcar el respeto al medio ambiente, llevar a las víctimas del terrorismo a las aulas, promover la igualdad, educar en la solidaridad y la diversidad, predicar una moral de inspiración confesional, españolizar a los catalanes, o cualquier otra pretensión relativa al dominio de los valores ha podido ser objeto de tratamiento “transversal” o incluso lectivo. Son empeños vanos, por supuesto, porque ignoran que los valores se transmiten, ante todo, en la familia y la cuadrilla, por fortuna.

Pero aún siendo vanos, esos empeños han sido la causa de que en ninguna otra área se hayan producido tantos cambios legislativos como en la enseñanza, siete desde la transición. Cada vez que ha habido cambio de partido en el gobierno, y a veces con el mismo partido, los nuevos han cambiado lo que había, y nada es más perjudicial para el sistema de instrucción que realizar frecuentes cambios normativos. Pero recuerden: se ha tratado de adoctrinar, ahora y antes.

La gente, por otro lado, tampoco parece conceder a la instrucción la importancia que merece. Las familias se conforman con lo que hay. Los de mi generación hemos conocido personas que, aunque analfabetas funcionales, eran muy conscientes de la importancia de los estudios y hacían lo posible por que sus hijos los cursaran, cuantos más mejor. Pero no sé si esa es una preocupación mayoritaria hoy. Quizás el logro del acceso universal a la enseñanza haya hecho desaparecer la genuina preocupación ciudadana por su calidad.

La mayor parte de las ocasiones en que los resultados de alguna evaluación educativa (PISA, evaluación de diagnóstico, TIMSS, datos de fracaso escolar) nos muestran la imagen de lo que realmente somos, nos llevamos las manos a la cabeza y, por unos días, parece que la preocupación sobre este tema es genuina. Pero es un espejismo. Sólo hacen falta unos días, o a lo sumo semanas, para que nuestras preocupaciones vuelvan por donde iban: las declaraciones de este o aquel político; la corrupción del adversario; la prohibición, o no, de los toros; el partido del siglo; o el escándalo del youtuber del momento.

La instrucción de nuestros escolares a pocos importa, y cuando importa es más por cuestiones de índole doctrinaria -las más de las veces con el, en apariencia, digno y bienintecionado propósito de educar en valores- que por un interés firme en que aprendan conocimientos y adquieran capacidades que les permita ejercer como ciudadanos autónomos en su vida adulta. Porque a la hora de la verdad ¿a quién importa? Llenan de orgullo los triunfos de “la roja”, pero no de oprobio, como debiera, la mediocridad educativa y cultural.

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Nota: esta anotación es una versión de una columna publicada el 12 de octubre de 2013 en el diario Deia con el título «Es la doctrina».