El 5% de los españoles han desarrollado anticuerpos IgG anti-SARSCov2 (en la Comunidad Autónoma Vasca, algo menos, el 4% de la población). La lectura positiva es que las medidas de confinamiento han tenido éxito. Lo no tan positivo es que un 95% de los españoles (un 96% de los vascos) tiene por delante una larga convivencia con un virus que, hasta la fecha, ha acabado con la vida de un 1’5% de los que ha contagiado (un 2’1% de los vascos). Esos porcentajes son algo más altos de los estimados en otros lugares; en el anexo[1] explico de dónde salen.
Muchos pensaban que la pandemia acabaría si conseguíamos doblegar (aplanar) la curva de contagios. Pero en realidad, lejos de acabar la pesadilla y salvo que se desarrolle antes una vacuna o tratamiento efectivos, quizás solo estemos al principio. Ya se había anticipado que hasta 2024 podríamos estar obligados a mantener la vigilancia; y hace unos días la científica jefa de la OMS ha confirmado que seguramente hasta 2025 no podrán relajarse las medidas de vigilancia y control. Vayamos haciéndonos a la idea.
Ha habido que pagar un alto precio, también en salud y en vidas humanas, por los dos meses pasados en régimen de confinamiento, aquí y en gran parte del mundo. El sistema de distribución mundial de alimentos ha resistido los primeros embates, pero es un sistema complejo, que interconecta muchos países y que depende de la correcta provisión de bienes (maquinaria, combustible, fertilizantes) y de que el tráfico de mercancías y los hábitos de consumo no cambien de forma brusca. De hecho, el economista jefe de la FAO ha advertido de que las medidas de limitación de movimientos y de actividad puestas en práctica por muchos países pueden tener consecuencias dramáticas porque pueden alterar seriamente el suministro mundial de alimentos.
Centenares de miles de niños y niñas (y decenas de miles de madres) morirán por culpa del deterioro de los sistemas de salud y de las posibilidades de conseguir alimento. Y es posible que una parte significativa del exceso de muertes detectada en Europa a partir de los datos recogidos en registros civiles, se deba, en realidad a fallecimientos de personas que han dejado de acudir al hospital cuando debían haberlo hecho.
A lo anterior hay que sumar los riesgos para la salud mental que provocan el temor a la muerte propia o de un ser querido, la situación de confinamiento y el difícil futuro que se percibe. La propia OMS se ha referido de forma específica a este problema. Y yo no descartaría otros problemas derivados de la tensión a que se ha sometido a los sistemas de salud con carácter general.
La perspectiva de seguir así durante los próximos meses no es asumible. Por el precio tan alto que se está pagando y porque de mantenerse la situación actual u otra equivalente, el precio sería aún mayor. La sociedad no sería viable. No podría funcionar.
Las actividades que ahora se desempeñan o servicios que se prestan de manera precaria no se pueden sostener así durante mucho tiempo. Las actividades productivas y comerciales son interdependientes, y se relacionan mediante canales múltiples, a veces sutiles. La quiebra de algunos de esos canales podría conducir a inhabilitar el sistema en su conjunto.
Además, no se generarían los recursos necesarios para sostener innumerables actividades. Dejaría de haberlos para los servicios de asistencia social, sanidad, educación, seguridad o justicia, tampoco para que la administración pudiese funcionar o para infraestructuras.
Hay que mantener las actividades productivas y comerciales, y los servicios deben prestarse en niveles de desempeño lo más próximos posibles a los habituales. Es importante entender esto. Es importante entender que no hay plan B, que no es concebible mantener grados de confinamiento y restricciones a la movilidad similares a los que hemos experimentado desde mediados de marzo. Que lo primero es la salud o las vidas humanas no deja de ser, por obvio, un bonito eslogan. Tan obvio como que sin una actividad próxima a la normal tampoco habría salud y se acabarían perdiendo muchas vidas también. En esos términos se plantea, precisamente, la alternativa del diablo.
Por lo tanto, hay que asumir que debe recuperarse la actividad. Pero, a la vez, debe hacerse con las mayores garantías posibles. A esto me refería cuando decía aquí que las autoridades tendrán que moverse en el filo de la navaja, aplicando restricciones a la movilidad en función de la situación sanitaria y de la evolución de la pandemia.
Al objeto de favorecer la actividad sin que ello dé lugar a brotes epidémicos, deben aplicarse medidas que minimicen la probabilidad de que se produzcan contagios. Unas son de índole higiénica o sanitaria. Y otras, de índole social u organizativa. Y tanto en uno como en otro caso, deben venir acompañadas de fuertes campañas de información y propaganda (sí, de propaganda).
Las medidas higiénicas son conocidas: limpieza de manos, distancia de dos metros con los demás (si no son las personas con que se convive), uso correcto de mascarillas donde sean indicadas, etc. Estas medidas deben ser objeto de una campaña informativa intensa y permanente, apelando a la responsabilidad de todos. Las instituciones, empresas y organizaciones, cada una en su ámbito de competencia, deberían difundir esas normas en todo momento y con todas las herramientas y soportes a su disposición.
Las medidas sanitarias escapan a la responsabilidad individual, porque corresponden a la esfera de las responsabilidades políticas, principalmente. Son las medidas para proteger al personal sanitario, a quienes cuidan a personas mayores, a las personas que trabajan ante el público o en entornos con muchas otras personas (enseñanza, por ejemplo). Y también las orientadas a identificar personas contagiadas y sus contactos, y a aislarlas para romper la cadena de contagios. Los dispositivos de protección para personal sanitario y el recurso a pruebas de ARN viral son elementos esenciales.
Pero hay otras iniciativas de las que se ha hablado mucho menos o no se ha dicho nada. Me refiero a las de carácter organizativo en las esferas social y laboral.
Ya traté aquí de las medidas que podrían adoptarse en el mundo educativo. No tienen por qué ser esas necesariamente; pueden ser otras. Pero se trata de que se diseñen bien y se comuniquen aún mejor. Esta misma semana se ha celebrado ya alguna reunión de alto nivel para preparar el próximo curso. En otro ámbito, y en la Comunidad Autónoma Vasca al menos, ya se han dado los primeros pasos para acordar las condiciones bajo las que se celebrarán los actos culturales a lo largo del verano.
Pero estoy seguro de que hay muchas más cosas que se pueden hacer. Lo que sigue son solo algunos ejemplos del tipo de medidas que podrían, al menos, valorarse:
- La posibilidad de adoptar calendarios laborales basados en ciclos de 4 días de trabajo y diez de descanso (y casi reclusión), como el que proponen Ron Milo y Uri Alon aquí. Está pensado para minimizar los contagios en el trabajo.
- El trabajo desde el hogar se ha extendido mucho durante estos meses y debería seguir siendo la opción preferente, aunque es importante introducir limitaciones a la disponibilidad. El teletrabajo no puede convertirse en trabajo o disponibilidad permanente.
- La transferencia de personas que pertenecen a grupos de riesgo a actividades en que no haya contacto directo con otras personas o, en general, en que se minimicen las posibilidades de contagio. Por ejemplo, hace falta mucha gente para rastrear personas contagiadas, contactarlas e instruirlas para que se aíslen, y parece lógico que el personal sanitario se dedique principalmente a tareas estrictamente asistenciales. Así, podría transferirse personal actividades que implican relación intensa con personas a desempeñar ese tipo de tareas. Es solo un ejemplo, pero es seguro que hay muchos más.
- Igualmente, y dado que el virus hace más daño a los mayores, podrían promoverse jubilaciones anticipadas de personas pertenecientes a grupos de riesgo a partir de, por ejemplo, los sesenta años de edad. La crisis va a crear grandes bolsas de parados, por lo que sería más inteligente y más humanitario dejar de exponer a las personas mayores y sustituirlas por jóvenes. Los costes no serían muy diferentes.
- En otro orden de cosas, es sabido que los contagios se producen, preferentemente, en la familia, hospitales, lugares cerrados en general, sitios poco ventilados, donde conviven grupos de personas durante mucho tiempo y en lugares donde se forman aglomeraciones humanas (más datos, aquí). Pues bien, dado que el transporte público reúne varias de esas condiciones y tampoco es conveniente que muchas personas lo sustituyan por sus vehículos particulares, deberían darse las máximas facilidades, en infraestructuras viarias y organización del tráfico para promover los desplazamientos caminando, en bicicleta y (quizás) en patines eléctricos.
- Del mismo modo, deberían determinarse sentidos de circulación de peatones en la calle y en el interior de edificios, de manera que se eviten aglomeraciones. También deben ventilarse concienzudamente.
- Los bares y restaurantes son elementos esenciales en la vida social de muchas personas y de la comunidad. Su pervivencia depende que puedan funcionar con una mínima normalidad. Es cierto que en muchos casos son entornos problemáticos, de difícil ventilación y en los que se pueden reunir muchas personas; por ello, es preciso buscar soluciones de compromiso que permitan compaginar el disfrute de los locales y la máxima seguridad posible. No será fácil encontrar las soluciones que requieran, pero es importante mantenerlos con vida.
- De la misma forma, debe diseñarse soluciones para que la gente pueda acceder a los productos de cultura y que quienes viven de ella, lo puedan seguir haciendo.
Esto no es más que un ramillete de ideas surgidas a partir de la experiencia en mi propio trabajo y los entornos que conozco. Estoy seguro de que para cada ámbito de la vida social, docente, comercial, productiva o asistencial hay medidas diversas de índole organizativo que se pueden tomar para minimizar la probabilidad de que se produzcan contagios y, por lo tanto, mantener en los mínimos posibles los números de contagiados, enfermos, ingresos hospitalarios y fallecimientos. El riesgo 0 no existe, pero es mucho lo que se puede hacer para minimizarlo.
Es muy importante que todas las medidas que se tomen cuenten con el soporte de los correspondientes dictámenes a cargo de los especialistas de las ramas del saber que corresponda. Esto no quiere decir que las decisiones que tomen los responsables deban basarse solo en consideraciones de orden científico o técnico. Pero sí que esas decisiones deben tenerlas en cuenta. Y tanto las decisiones, como las razones para tomarlas, deben ser explicadas con claridad, y los informes utilizados ser públicos. La transparencia es especialmente importante en momentos como este, porque de ella depende la confianza que los ciudadanos podemos depositar en quienes nos gobiernan y nuestra disposición a cumplir las normas que aquellos dicten.
El curso de la pandemia dependerá del acierto de los responsables políticos y de decisiones y actitudes personales. A los responsables hay que exigirles rigor, responsabilidad y transparencia. Y a nosotros mismos debemos exigirnos responsabilidad y consideración para con todos los demás, porque en circunstancias como las que vivimos, las actitudes personales tienen consecuencias para la comunidad. Por eso, termino esta entrada recordando la legendaria recomendación con que el sargento Esterhaus despedía cada mañana a los policías de la comisaría de Hill Street antes de salir a patrullar: «Let’s be careful out there».
[1] Anexo cuantitativo: Solo el 5% de los españoles tiene anticuerpos IgG anti SARS-CoV2. En España, a 14 de mayo, hay registradas 27.000 muertes por COVID19. Los muertos, en realidad, son más, porque los registros civiles informan de un exceso de muertes (durante el periodo de la ola de la pandemia entre marzo y abril) del 56% con relación a las esperables en ese periodo. Haciendo cuentas se estima que, aproximadamente, los muertos que, por efecto directo o indirecto, cabe atribuir a COVID19 han sido un 30% más de los que indican los registros oficiales. En otras palabras: habrían sido unos 35.000. Por otro lado, si el total de personas con anticuerpos han sido unas 2.350.000, querría decir que el virus ha acabado con la vida de un 1,48% de quienes se contagiaron. Para hacernos una idea, la gripe mata del orden de un 0’1% de quienes la sufren.
En la Comunidad Autónoma Vasca, el 4% presenta anticuerpos, por lo que han desarrollado inmunidad una 87.000 personas y la cifra oficial de muertes por Covid19, 1.454. En el periodo en que se registró un exceso de muertes en los registros civiles, entre el 25 de marzo y el 22 de abril, este fue de 1.281, y el de muertes registradas, de 969. Por lo tanto, también en Euskadi las cifras reales de muertos han sido superiores a las registradas, seguramente de unas 312 personas, por lo que también aquí la cifra real habría sido un 28% más alta. Habrían muerto, por tanto, unas 1.861 personas. El virus habría acabado con la vida de 2,14% de quienes se contagiaron.
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