No soy partidario de que el estado intervenga en las vidas de la gente, aunque me consta que la mayoría es de la opinión contraria. Prefieren que sea el estado el que asuma algunas responsabilidades que, a mi juicio, deberían ser estrictamente personales. También soy consciente de que mi aversión a la intromisión del estado en asuntos de carácter personal entra, en ocasiones, en contradicción con mi aspiración a que todas las personas gocen de los mismos derechos y oportunidades.

Hay dos esferas en las que suelo encontrarme con más dificultades. Una es la de la educación. Sin una educación universal para todos no hay igualdad de oportunidades; esa es la única razón por la que estoy dispuesto a dar por buena la intervención del estado en esa materia, aunque estimo que debería ser mínima y, en la medida de lo posible, respetuosa con la autonomía de decisión personal y familiar.

La otra esfera es la de la salud. Hasta donde ello sea posible, el estado debería dejar en manos de los individuos las decisiones relativas a su salud. Pero no todas. Para empezar, hay asuntos en los que la salud se convierte en materia de seguridad. Así, de la misma forma que el estado no deja libertad para comprar armas, o para circular en coche como a uno le dé la real gana, o para viajar sin cinturón de seguridad, tampoco debería permitir que haya personas sin vacunar de enfermedades peligrosas. Y no me refiero a la potestad sobre el niño o la niña menores de edad, sino al hecho de que las vacunas tienen un efecto de inmunidad colectiva. Vacunar a “toda” (entiéndase “casi toda”) la población protege también a aquellas personas que, por una u otra razón no están vacunadas. Hay una componente social importante en ese fenómeno y eso es lo que saca la decisión de la esfera personal.

Por otro lado, el estado debería impedir la comisión de fraudes. Si ciertas prácticas consideradas fraudulentas están penalizadas por el hecho de serlo, han de estarlo todas, también aquellas orientadas pretendidamente a curar a la gente a cambio de una contraprestación económica. Sólo porque son fraudulentas.

Y si no hay contraprestación económica pero de su ejercicio o de su promoción pueden derivarse perjuicios para la salud pública, también esas prácticas deberían prohibirse. De la misma forma que se prohíbe conducir bajo los efectos de las drogas, por ejemplo.

Hay, al menos, una dificultad objetiva en todo esto, y es la de establecer el criterio que delimite lo aceptable de lo inaceptable. Pero para eso, como para la demarcación de lo punible y lo permisible en materia de tráfico, por ejemplo, está el estado. Es su competencia y estoy seguro de que siempre serían criterios discutibles y que serían discutidos. Pero que establecer esos límites sea difícil no quiere decir que deba renunciar a ello.

El estado se apropia de los recursos de la gente con el propósito (o la excusa), entre otros, de ofrecer seguridad y de cuidar de su salud. De lo contrario no estaría justificada la apropiación; sería un simple robo. Pues bien, en coherencia, debería velar también por nuestra seguridad y por nuestra salud penalizando las prácticas anticientíficas de cuyo uso pueden derivarse consecuencias perniciosas para una o para la otra.

Y sí, soy perfectamente consciente de que esta es una materia muy resbaladiza y en la que es fácil incurrir en contradicciones. Pero así es la vida, así son las decisiones políticas y administrativas y así es, en general, cualquier sistema de ideas o de normas: es muy difícil, por no decir imposible, que un sistema que aspire a integrar todo lo relevante en su ámbito puede ser totalmente coherente. Es imposible que esté libre de contradicciones.